Cuando en 1956 un grupo de investigadores acuñó el término «Inteligencia Artificial» (“IA”) en la conferencia de Dartmouth, no eran conscientes del impacto que esta tendría en el futuro. Hoy en día, los sistemas de IA toman decisiones automatizadas que nos afectan en lo cotidiano, y en muchos de nuestros momentos más críticos: autorizaciones de créditos, diagnósticos médicos, la información que consumimos, entre otros. Por ello, debemos plantearnos cuál debe ser la respuesta regulatoria ante el desafío que supone la IA.
La IA está revolucionando la productividad laboral y las capacidades industriales de los países. De forma agregada, la economía mundial crecía una media de 0,1% anual entre los siglos I y XVIII. Esta cifra se multiplicó por cinco con la llegada de la revolución industrial, alcanzando un crecimiento anual del 0,5%, y llegando a un promedio de un 2,8% anual durante el siglo XX.[1] Según las conclusiones del informe Sizing the Price de la firma PricewaterhouseCoopers, la IA podría llegar a aportar hasta 15,7 billones de dólares al PIB mundial para 2030, lo que supone un aumento del 14 % en comparación con un escenario sin considerar la IA.[2]
Si bien los beneficios potenciales de la IA son innegables, un uso desregulado de la IA plantea riesgos significativos que abarcan: desde la vulneración de derechos fundamentales, patrones discriminatorios, o incluso burbujas con sesgos de confirmación donde el algoritmo busca complacer indiscriminadamente al usuario llegando a validar información falsa o dogmática. Frente a ello, un artículo del World Economic Forum señala que una respuesta legislativa adecuada y coordinada internacionalmente puede reducir de forma efectiva muchos de estos riesgos, preservando al mismo tiempo los múltiples beneficios de la IA.[3]
Para poder valorar una respuesta regulatoria adecuada, se establecerán 4 parámetros de análisis para considerar que un marco normativo es eficaz e internacional, de acuerdo con la recomendación del comité de expertos de IA de la ONU.[4] Estos son: (i) la existencia de una regulación específica; (ii) el carácter vinculante de la normativa; (iii) la existencia de organismos de supervisión y control normativo; y (iv) los esfuerzos regulatorios internacionales de la IA por parte de dicho país.
La presente colección de artículos buscará ahondar sobre la agenda regulatoria de las jurisdicciones más relevantes en IA, para observar su adecuación sobre los parámetros preestablecidos. Estas jurisdicciones serán algunas de las señaladas por un estudio de la Universidad de Stanford que analiza 42 variables organizadas en 8 bloques de información, según su compromiso y capacidades respecto: la investigación y desarrollo, uso responsable de IA, la economía, la educación, la diversidad, la política y gobernanza, la opinión pública y la infraestructura.[5]
De acuerdo con dicho estudio, las seis jurisdicciones elegidas a analizar serán: Estados Unidos, China, Reino Unido, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea (integrando esta última a Francia, España y Alemania). Esta integración permitirá una visión más general del panorama regulatorio europeo, así como no desvirtuará su análisis, ya que los principales esfuerzos regulatorios de dichos países están siendo canalizados principalmente a nivel supranacional.
Estados Unidos
Introducción
La primera jurisdicción que se analizará es Estados Unidos, cuna del desarrollo tecnológico moderno y donde se acuñó por primera vez el término de Inteligencia Artificial. Este concepto nació en la conferencia de Darthmouth de 1956, la cual reunió a destacados investigadores del momento para explorar cómo crear máquinas capaces de aprender, razonar y resolver problemas como lo haría un humano.
Estados Unidos es considerada sin duda la jurisdicción más relevante por un amplio margen en IA, dominando en casi todas las categorías del estudio de Stanford.[6] La realidad es que la IA es utilizada de forma extensiva en el sector privado, en concreto, por el 88% de las empresas estadounidenses,[7] así como ya en 2025, el 64% de ellas aseguraba que es uno de los pilares de su innovación.[8]
No en vano, la política estadounidense busca asegurar que Estados Unidos se mantenga a la vanguardia de la innovación. Como mínimo, este parece ser el objetivo principal de la actual administración, cuyo America’s AI Action Plan, indica en su primera frase que“Estados Unidos compite por alcanzar el liderazgo mundial en inteligencia artificial (IA). Quien cuente con el mayor ecosistema de IA establecerá los estándares mundiales en materia de IA y obtendrá amplios beneficios económicos y militares.” [9]
Con base en el redactado anterior, es fácilmente observable que Estados Unidos no abogará por una legislación encorsetada para las empresas, sino que, al contrario, busca abanderar la desregularización e imponer la mínima carga burocrática a cualquier empresa que quiera establecerse en su territorio. Sin embargo, esta no ha sido siempre la política impulsada desde la Casa Blanca.
Las fluctuaciones de la agenda política estadounidense sobre la IA
La legislación estadounidense suele ser bastante sensible al color del partido mayoritario en el Congreso. Con la llegada de un nuevo presidente, la mayor parte de las leyes decisivas y polémicas del anterior mandatario suelen revocarse o adaptarse a la nueva agenda política.[10] En materia de regulación de la IA, ha sucedido exactamente lo mismo.
Si bien es cierto que Estados Unidos siempre ha abogado en cierto grado por la desregularización, presentándose como un foro amigable para la industria tecnológica y sus stakeholders, también han existido esfuerzos históricos por mantener el desarrollo de la IA bajo unos mínimos de seguridad y transparencia.
Debe recordarse que fue Estados Unidos en 2016 quien impulsó una de las primeras iniciativas sobre la regulación de la IA. Aunque dicha regulación, impulsada por el entonces presidente Barack Obama, tenía un carácter no vinculante, consistió de dos iniciativas que establecían un total de 25 recomendaciones sobre la necesidad de regular la IA y sobre cómo hacerlo.[11]
En 2020, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, se firmó la National Artificial Intelligence Initiative Act (“NAII”),[12] la cual también de forma no vinculante, estableció principios y recomendaciones para guiar al Congreso de Estados Unidos sobre cómo debía responder ante los desafíos de la IA. A pesar de ello, esta guía establecía únicamente la recomendación de crear una serie de institutos de investigación para identificar posibles beneficios y desafíos de la IA, siendo por lo tanto más un memorándum de carácter político, que regulatorio.
Posteriormente, el presidente Joe Biden reguló principalmente mediante la orden ejecutiva Safe, Secure and Trustworthy Development and Use of AI,[13] la cual buscaba asimilar el modelo de protección estadounidense a una posición más europea, donde la seguridad del usuario fuese el elemento principal. Del mismo modo, también se introdujo la AI Bill of Rights,[14] la cual, si bien era un documento de principios, buscaba orientar de forma no vinculante cómo debía ser el diseño, uso y despliegue de los sistemas automatizados.
Si bien durante la administración Biden se establecieron las primeras órdenes ejecutivas vinculantes que buscan crear un sistema de guardarraíles de protección ante los riesgos de la IA, la mayor parte de esta base regulatoria fue derogada al inicio de la segunda administración del presidente Donald Trump. La nueva administración ha buscado liberalizar al máximo la innovación en IA, con el claro objetivo de ganar la hegemonía mundial en el desarrollo de la Inteligencia Artificial General, en un contexto similar a una carrera armamentística. El actual mandatario eliminó gran parte de la regulación de su predecesor mediante la orden ejecutiva Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence.[15]
Un mosaico normativo por un vacío regulatorio federal
A pesar de esta falta de una regulación cohesiva a nivel federal, no se debe generalizar y afirmar que existe una total falta de regulación en Estados Unidos. Solo en 2025 se han introducido un total de más de 100 iniciativas legislativas en el conjunto de los 50 estados, incluyendo además Puerto Rico, el distrito federal de Washington D.C y las islas vírgenes estadounidenses.[16] Además, existen legislaciones históricas relevantes en la materia, como son la legislación anti-Deepfake y la ley de transparencia de IA por parte de California,[17] la Ley ELVIS de protección de imágenes y voces generadas por IA de Tennessee.[18]
La principal problemática de esta situación es la fragmentación jurídica y las dificultades por parte de los estados de legislar en esta materia. De hecho, desde el gobierno federal se ha impulsado un marco de recomendaciones llamado Ensuring a National Policy Framework for Artificial Intelligence,[19] el cual pretende prevalecer e impedir la existencia de legislación estatal que pueda introducir carga regulatoria.
En este sentido, se ha abierto un debate constitucional sobre el alcance de las competencias del gobierno federal al respecto. La constitución de Estados Unidos establece en el artículo VI, cláusula 2, la Supremacy Clause, por la cual las leyes federales constituyen la ley suprema del país y prevalecen sobre la ley estatal en caso de conflicto. Si bien el gobierno federal carece de potestad constitucional para impedir la regulación estatal de la IA, ya que dicha facultad corresponde al Congreso, la orden ejecutiva busca disuadir mediante recortes de financiación a los estados para que no aprueben y ejecuten legislación en contra de su agenda política.
De hecho, este no es el primer intento por parte de la administración Trump de limitar las capacidades de los estados para regular la IA. El año pasado, algunos republicanos intentaron introducir en la autorización nacional del presupuesto de defensa de 2026, una moratoria de 10 años para evitar leyes estatales que pudieran ser contrarias a la política desregulatoria federal.[20] Finalmente, esta propuesta fue rechazada en el Senado 99-1, ya que no establecía prácticamente exclusiones, lo que imposibilitaba proteger y no discriminar a colectivos vulnerables.
Organismos de supervisión
En Estados Unidos no existe un organismo o una agencia especializada que haya recibido competencias para realizar un control normativo de la IA, sino que existe un modelo de supervisión descentralizada. A diferencia de otros países, encabezados por la Unión Europea, que han designado varias agencias como responsables para supervisar la regulación de la IA; Estados Unidos no tiene una autoridad que tenga asignado la supervisión y adecuación a la normativa de IA.
Si bien el enfoque del gobierno federal parece ser prudente en lo que respecta a la regulación de la IA en el sector privado, varios grupos de colectivo han sido los primeros en pedir una regulación completa y organismos de control por parte de agencias gubernamentales. Prueba de ello, son las propuestas por parte de la Cámara de Comercio de Estados Unidos,[21] o del fundador de OpenIA, Sam Altman, quien delante del Comité de Justicia del Senado norteamericano, insistió en la necesidad de una autoridad de supervisión: “crear una nueva agencia encargada de conceder licencias a cualquier iniciativa que supere un determinado nivel de capacidad, con la facultad de retirar dichas licencias y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad.”[22]
Todo ello, ha dejado reducido el control de supervisión por parte de algunas agencias federales, que han decidido actuar dentro de sus competencias en materia sectorial. Un ejemplo de ello es la Federal Trade Commission, la cual ha buscado establecer mejores prácticas para la protección de los consumidores en el uso de la IA.[23] Por su parte, la National Highway Traffic Safety Administration, la agencia federal competente de establecer y hacer cumplir las normas federales de seguridad de vehículos motorizados, ha querido hacer lo mismo regulando la seguridad de tecnologías autónomas aplicadas a su campo, como son los coches autónomos.[24]
Conclusiones sobre los parámetros de análisis
De acuerdo con el análisis realizado, la regulación sobre la IA norteamericana responde de la siguiente manera sobre los parámetros preestablecidos:
- Estados Unidos sí que cuenta con una regulación específica en materia de IA, pese a estar fragmentada y vertebrarse mayormente a nivel estatal. Es también interesante mencionar que existen esfuerzos sectoriales por varias agencias federales.
- Si bien existe normativa vinculante, principalmente a nivel estatal, la regulación norteamericana siempre ha tendido a ser mayormente de carácter voluntario y en forma de recomendaciones, principios y estándares técnicos. Dejando de banda las disputas constitucionales sobre distribución de competencias entre el gobierno federal y los estados, la agenda política de Estados Unidos busca abogar por la desregularización y por imponer una baja carga burocrática que fomente la innovación.
- Pese las recomendaciones por parte de grandes instituciones y personalidades del sector empresarial y tecnológico al establecimiento de organismos de supervisión, no existe un organismo equiparable a las agencias de control designadas bajo normativa europea. El control de cumplimiento normativo está descentralizado y lo realizan fundamentalmente las agencias gubernamentales en el marco de sus competencias.
- En relación con el último parámetro, no han existido grandes esfuerzos de multilateralismo o acuerdos bilaterales para la regulación de la IA. Pese al soft power de Estados Unidos, el cual podría haber colaborado en alcanzar acuerdos históricos en esta materia, su estrategia internacional respecto la regulación de la IA ha sido coherente con su estrategia nacional.
Autor: Pol de Viguera Pascual (Graduate en Cuatrecasas, Programa PPAI)
[1] The Economist. What if AI made the world’s economic growth explode?. p.1.
[2] PricewaterhouseCoopers. Sizing the Price. (2017). p.1.
[3] AI Governance Alliance’s Resilient Governance and Regulation Working Group of the World Economic Forum. (2024). Governance in the Age of Generative AI: A 360o approach for Resilient policy and Regulation. p.4.
[4] United Nations, Secretary-General’s High-level Advisory Body on Artificial Intelligence. (2024, September). Final report: Governing AI for humanity. United Nations. pp.8, 42 y 66.
[5] Fattorini, L., Maslej, N., Perrault, R., Parli, V., Etchemendy, J., Shoham, Y., & Ligett, K. (2024, noviembre). The Global AI Vibrancy Tool. AI Index Project, Institute for Human-Centered AI. Stanford University.
[6] Fattorini, L., Maslej, N., Perrault […]. (2024, noviembre). p.2 y p.21.
[7] Standford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. Artificial Intelligence Index Report 2026. (2026, abril). p.4.
[8] McKinsey & Company. The state of AI in 2025: Agents, innovation and transformation. (5 de noviembre, 2025).
[9] United States Federal Government. America’s AI Action Plan. (Julio, 2025). p.3.
[10] K&L Gates Hub. Rollbacks and repeals: How a new administration effectuates policy changes. (18 de diciembre, 2024). p.1
[11] Ajay Agrawal, Joshua Gans, y Avi Goldfarb. The Obama Administration’s Roadmap for AI Policy. (21 de Diciembre, 2016). Harvard Business Review.
[12] National Artificial Intelligence Initiative. (2020). H.R. 6216, enviado al comité de ciencia, espacio y tecnología del Congreso de los Estados Unidos.
[13] Executive Office of the President of the United States. (1 de noviembre, 2023). Executive Order 14110: Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence. Registro federal, 88 FR 75191–75226.
[14] White House Office of Science and Technology Policy. (Octubre, 2022). Blueprint for an AI Bill of Rights.
[15] Executive Office of the President of the United States. (31 de enero, 2025). Executive Order 14179. Registro federal, 90 FR 8741–8742
[16] National Conference of State Legislatures. Artificial Intelligence 2025 legislation. (2025).
[17] California State Chamber. (2024). Defending Democracy from Deepfake Deception Act. (A.B. 2655).
[18] Tennessee State Chamber. (2024). Ensuring Likeness, Voice, and Image Security Act.
[19] United States Federal Government. A national Policy Framework for Artificial Intelligence. (Marzo, 2026). Executive Order 14365.
[20] United States House of Representatives. (2025). H.R. 5388.
[21] United States Chamber of Commerce. (2023, 9 de marzo). Artificial Intelligence Commission Report.
[22] Senate Committee on the Judiciary, Subcommittee on Privacy, Technology, and the Law, Oversight of A.I.: Rules for Artificial Intelligence, hearings, 118th Cong., 1st sess., May 16, 2023, S. Hrg. 118-37. Testimonio de Sam Altman como CEO de OpenAI.
[23] Guía extraída de la orden de ejecución propuesta en el caso Rite Aid Corporation v FTC, de 8 de marzo 2024.
[24] NHTSA. (2021) Standing General Order 2021-01: Incident reporting for Automated Driving Systems and Level 2 Advanced Driver Assistance Systems.
