Introducción
Como continuación a la serie de artículos sobre la gobernanza de la IA en las distintas jurisdicciones la segunda jurisdicción por analizar es el Reino Unido, la cual destaca especialmente en los pilares de investigación y desarrollo, educación y política y gobernanza del estudio de Stanford. Alberga universidades de referencia en informática como Oxford, Cambridge e Imperial College, y es sede de DeepMind, filial de Google, que en los últimos años se ha posicionado como líder en investigación en inteligencia artificial.
Esta situación fue el motivo de que el Ministerio de Ciencia e Innovación británico decidiera impulsar en 2023 un plan estratégico para impulsar políticas a favor de la innovación y desarrollo en materia de la IA, conocido como UK Science and Technology Framework. Dos años más tarde, el Ministerio de Ciencia e Innovación actualizó este marco para adaptarlo al cambio de partido en el gobierno, pese a que fue una simple actualización, y se mantuvo el principal objetivo de este plan; convertir al Reino Unido en una superpotencia en los campos de ciencia y tecnología para el año 2030.
De forma ininterrumpida, bajo varios mandatos tory y el actual gobierno laborista, Reino Unido ha preferido no desarrollar un marco normativo cohesivo y unificado para la IA. Ello no es óbice para asegurar que no exista regulación específica, sino que esta se ha introducido en diferente normativa preexistente y en varios casos sectorial.
Una misma tendencia regulatoria bajo diferentes gobiernos
En los últimos 6 años, Reino Unido ha tenido cuatro primeros ministros distintos, incluyendo en 2024 un cambio de partido en el Gobierno y una nueva configuración de mayorías parlamentarias. Sin embargo, la respuesta normativa a la IA ha sido prácticamente idéntica.
En 2021, el gobierno de Boris Johnson introdujo la UK’s National AI Strategy, un plan de 10 años para establecer al Reino Unido como una superpotencia en el campo de la IA. Esta estrategia buscaba alinear la agenda política del país para apoyar la transición económica hacia un modelo nacional que pudiera atraer inversión en sectores de IA, así como favorecer la innovación y el desarrollo tecnológico en el país.
En un principio, esta estrategia buscaba dar un especial énfasis al desarrollo de estándares técnicos, así como expandir la cooperación internacional en la regulación de la IA. Para ello, en enero de 2022 el gobierno británico seleccionó el Instituto Alan Turing para liderar el proyecto, junto con otros organismos técnicos nacionales.
Después de un período de consultas públicas sobre cómo debería ser la respuesta legislativa a la IA en 2022, el gobierno de Rishi Sunak publicó en marzo de 2023 un White Paper exponiendo principios fundamentales de la IA que los reguladores nacionales deberían aplicar e interpretar en el marco de sus competencias. En este documento, el gobierno mostró claramente su voluntad de evitar un marco normativo vinculante, y regular mediante regulación preexistente y sectorial. Al mismo tiempo, no existió ningún esfuerzo internacional relevante de impulsar acuerdos multilaterales o internacionales de regulación o gobernanza de la IA.
Ante esta falta de compromisos vinculantes, el partido laborista incluyó en su manifiesto electoral propuestas de regular la IA de una forma específica y vinculante. Su pronta victoria electoral en 2024, después de 14 años de sucesivos gobiernos conservadores, hacían vislumbrar un cambio en la agenda normativa del país en relación con la IA. Esta propuesta fue recogida por el propio monarca en su discurso de apertura del parlamento una vez celebradas las elecciones, el cual reforzó el sentimiento de necesidad de una regulación cohesiva, completa y vinculante.
La respuesta principal del nuevo gobierno laborista quedó vertebrada en el AI Opportunities Action Plan en enero de 2025. Este documento presenta 50 recomendaciones para coordinar las diferentes administraciones en conseguir el mismo objetivo; establecer al Reino Unido a la vanguardia en el desarrollo e implementación de IA.
Este último plan estratégico busca preparar al Reino Unido al estilo de una carrera armamentística, y para ello subdivide sus recomendaciones en tres partes. Las primeras 30 buscan preparar al país para atraer la innovación mediante: la mejora de su infraestructura energética, su capacidad computacional, la búsqueda de talento y una regulación que presente al Reino Unido como jurisdicción amistosa ante las grandes corporaciones tecnológicas. Las siguientes 19 propuestas están enfocadas en disminuir la carga burocrática y mejorar la adopción de la IA en el sector público, buscando una implementación en su economía y en la propia administración. Finalmente, su última recomendación propicia reforzar la capacidad tecnológica nacional mediante la creación de la UK Sovereign AI.
La regulación y gobernanza de la IA forma parte de este plan estratégico en el primer bloque de recomendaciones. En cualquier caso, es determinante apuntar, en relación con los parámetros a analizar, que no solo es un documento jurídicamente no vinculante, sino que las propuestas no son de aplicación inmediata, sino que se anuncian consultas populares que serán posteriormente analizadas por comités de expertos de forma previa a su implementación. Este sistema de consultas pretende hacer acopio de las reservas y comentarios de expertos, de hecho, ya han sido realizadas anteriormente en propuestas regulatorias conexas con la IA como la realizada entre diciembre de 2024 y febrero de 2025 sobre cómo abordar los desafíos de la IA y el copyright. En definitiva, estas consultas permiten recibir críticas y reservas sobre una propuesta, lo cual no solo mejora la participación ciudadana en el proceso legislativo, sino que reduce la probabilidad de malfuncionamientos en la regulación de un ámbito disruptivo del Derecho disruptivo y que presenta desafíos respecto su eficacia.
En enero de 2026, un año después de su publicación, el Gobierno británico afirmó haber implementado 38 de las 50 recomendaciones de la AI Opportunities Action Plan, a fecha de este artículo, el Reino Unido sigue basando su regulación de forma contextual y en previsiones legislativas preexistentes. De hecho, en diciembre de 2025, la ministra de ciencia británica indicó ante el comité de ciencia, innovación y tecnología, que la intención del gobierno británico pasaba por realizar pequeños ajustes normativos en materias periféricas a la IA, no por desarrollar una normativa completa y transversal al estilo europeo.
Falta de una agencia central de supervisión y organismos sectoriales que supervisan en el ámbito de sus competencias
A diferencia de otras jurisdicciones, el Reino Unido aún no ha designado formalmente mediante ley, un organismo supervisor con competencia específica en materia de IA.
Esta laguna regulatoria es conocida por el legislador británico, por ello en 2023 y posteriormente en 2025, Lord Holmes, miembro de la cámara de los Lores, impulsó como propuesta de ley (Private Member’s Bill) la regulación de la IA de forma extensiva y cumpliendo el parámetro de supervisión humana. Ambas propuestas, aunque no han conseguido avanzar significativamente en el procedimiento legislativo, promovían la creación de una autoridad específica, parecida a las autoridades designadas bajo el Reglamento de IA de la Unión Europea, con competencias reales para coordinar la supervisión de la IA en los distintos sectores de actividad y establecer estándares de gobernanza aplicables a esta tecnología.
Es destacable que, si bien el Reino Unido ha contado con varias oficinas o autoridades para este fin, nunca han sido verdaderas autoridades de supervisión y control, ni tenían competencias delegadas para sancionar conductas extra legem. Estas autoridades constituidas de forma dependiente del departamento de ciencia, innovación y tecnología, como han sido el AI Security Institute o la antigua Office for Artificial Intelligence, han sido únicamente órganos técnicos que han proporcionado ayuda para apoyar al Gobierno a coordinar las políticas de IA, pero no han sido verdaderas agencias de control y supervisión normativa.
Si bien evitando una autoridad central, el gobierno británico identificó la necesidad de contar con organismos de control, por lo que, en misma línea legislativa de fragmentación jurídica, se han delegado competencias de supervisión a organismos sectoriales preexistentes. Estos organismos están integrando progresivamente los principios de IA en sus marcos normativos, adaptando su supervisión a los riesgos específicos que plantea esta tecnología en sus respectivos ámbitos de competencia.
En el sector de las comunicaciones, la Oficina de comunicaciones (“Ofcom”) publicó en 2025 su enfoque estratégico para la IA, identificando tres áreas de riesgo principales: los medios sintéticos que pueden emplearse para generar contenido ilegal o dañino, el uso de IA para personalizar contenidos amplificando material perjudicial, y las formas avanzadas de IA generativa que pueden utilizarse para desarrollar malware o identificar vulnerabilidades en redes.
En el sector energético, la Office of Gas and Electricity Markets (“Ofgem”) ha reconocido que la IA ya se utiliza ampliamente en el sector y puede generar eficiencias significativas, aunque también plantea desafíos y riesgos. Este regulador ha realizado una consulta pública sobre el uso de IA en el sector energético y ha recomendado, entre otras medidas, la colaboración con la Office for AI y otros reguladores relevantes, la creación de un foro de buenas prácticas intersectorial, la consideración de herramientas regulatorias adicionales como sandboxes de IA, y el desarrollo de orientaciones específicas para el sector.
Por su parte, la Financial Conduct Authority (“FCA”) ha acogido favorablemente el enfoque basado en principios y liderado por los reguladores sectoriales. En su actualización sobre IA, la FCA confirma su enfoque en cómo las entidades pueden adoptar la tecnología de forma segura y responsable, así como en comprender el impacto de las innovaciones en IA sobre los consumidores y los mercados. La FCA ha anunciado que continuará profundizando su comprensión del despliegue de IA en los mercados financieros, colaborará con socios nacionales e internacionales, explorará la creación de un sandbox específico para IA y reforzará sus propias capacidades tecnológicas para la vigilancia del mercado.
Esfuerzo internacional sobre la regulación de la IA
En los últimos cinco años, el Reino Unido ha incorporado a su agenda diplomática la regulación internacional de IA. Mediante declaraciones, resoluciones, memorandos, directrices o pactos internacionales.
Algunas de los principales hitos en los que Reino Unido ha sido un miembro presente han sido: la Bletchley Declaration del AI Safety Summit de 2023, centrada en riesgos de “frontier AI”; el Memorandum of Understanding de Reino Unido y Estados Unidos sobre seguridad de IA de abril de 2024; la Declaración de Seúl, y la firma británica del Convenio Marco del Consejo de Europa sobre IA, derechos humanos, democracia y Estado de Derecho.
A pesar de ello, la precisión esencial es que la gran mayoría de estos instrumentos son de soft law, es decir, compromisos voluntarios, no normas directamente exigibles. Incluso marcos multilaterales relevantes en los que participa el Reino Unido, como son los Principios de IA de la OCDE actualizados en 2024, el Hiroshima Process del G7 o la resolución AGNU 78/265 sobre IA segura, protegida y confiable, operan principalmente como convergencia normativa, no como obligaciones regulatorias estrictas para los países firmantes.
De acuerdo con Huw Roberts, investigador en IA y desarrollo sostenible de la Universidad de Oxford, la agenda doméstica del Reino Unido amenaza la credibilidad internacional como líder en IA. Si bien el país ha colaborado junto con sus aliados en compromisos voluntarios, declaraciones, guías técnicas y mecanismos de cooperación, la diferencia relevante frente a los países miembros de la Unión Europea es que el Reino Unido no cuenta con un marco normativo interno vinculante que complemente esos instrumentos de soft law.
Por otra parte, el profesor Roberts considera que es probable que el Reino Unido no consiga nunca el liderazgo en la IA a nivel internacional, ya que la UE y Estados Unidos ya han armonizados muchos aspectos regulatorios de la IA a través del Consejo de Comercio y Tecnología del cual el Reino unido ya ha sido excluido por los objetivos de innovación que persigue su agenda normativa doméstica. Esta opinión ha sido también comentada por un informe del Parlamento Europeo respecto a las consecuencias que ha tenido para el Reino Unido el Brexit.
Conclusiones sobre los parámetros de análisis
De acuerdo con el análisis realizado, la regulación de la IA del Reino Unido responde de la siguiente manera sobre los parámetros preestablecidos:
- El Reino Unido, a través de informes de varias de sus principales instituciones políticas y organismos públicos, ha mostrado su voluntad de responder normativamente a los desafíos de la IA. Durante los últimos 6 años, en el marco de varios planes nacionales estratégicos, se ha innovado el ordenamiento jurídico para regular ad hoc los desafíos de la IA. A pesar de la falta de un código normativo único y transversal, el Reino Unido ha introducido modificaciones a su normativa preexistente, y en muchos casos sectorial, para regular la IA.
- El Reino Unido ha abogado por un marco regulatorio no vinculante, argumentando que ofrece una adaptabilidad crítica, y promoviendo una regulación contextual y de principios. Si bien han existido varias promesas políticas desde ambos extremos políticos por introducir restricciones y obligaciones vinculantes a desarrolladores y usuarios, no han existido avances relevantes en esta cuestión. La voluntad por posicionar al país como un foro amigable que atraiga la inversión en el desarrollo de sistemas de IA sobre un marco normativo vinculante.
- No existe una autoridad central de supervisión sobre la implementación, uso y control la IA. Estas facultades están siendo ejercidas de forma sectorial por autoridades específicas en el marco de sus competencias. Es advertible que la evolución de la IA, así como su carácter disruptivo, requerirá de una aplicación normativa adaptativa, por lo que debe recomendarse la existencia de una autoridad central que coordine entre agencias, a fin de evitar vacíos legales, ineficacia en la aplicación de la ley y por ende inseguridad jurídica.
- En último lugar, el Reino Unido ha estado presente en acuerdos relevantes sobre la gobernanza de la IA, aunque estos esfuerzos no se trasladan en obligaciones vinculantes. Si bien Reino Unido se ha mimetizado junto con sus aliados en impulsar compromisos voluntarios de la IA, esta regulación no ha ido acompañada de regulación doméstica. En definitiva, es improbable que la comunidad internacional respalde el liderazgo del Reino Unido en la regulación de la IA debido a su objetivo de mantenerse como una jurisdicción atractiva para la innovación en IA.
Autor: Pol de Viguera Pascual (Graduate en Cuatrecasas, Programa PPAI)
