Del tabaco a la inteligencia artificial: la EN 18286 y el derecho de libre acceso a las normas armonizadas 

El 14 de octubre de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión de Ejecución (UE) 2026/2274 de la Comisión, que recoge la referencia de la primera, y por ahora única, norma armonizada elaborada en apoyo del Reglamento de IA: la EN 18286:2026, «Inteligencia artificial: sistema de gestión de la calidad con fines reglamentarios del Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE». La norma, elaborada por el CEN y el Cenelec, se dirige a los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo y, desde la publicación de su referencia en el Diario Oficial, su cumplimiento confiere una presunción de conformidad con los requisitos que cubre. 

Sin embargo, lo que el Diario Oficial publica es únicamente la referencia y el título de la norma, no su contenido. En el análisis de esta publicación surge, por tanto, una cuestión que requiere atención y que no es nueva: ¿qué exigencias de publicidad y acceso deben cumplir unos textos que, aun siendo de aplicación voluntaria, permiten presumir el cumplimiento de obligaciones legales? Para responderla, resulta útil volver la vista a una serie de pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, aunque nacidos en el sector del tabaco y de los juguetes, ofrecen claves aplicables a la normalización en materia de IA; el último de ellos, de abril de 2026. 

¿Qué son las normas armonizadas y por qué importan? 

El Reglamento de IA sigue la lógica del denominado «nuevo enfoque»: el legislador fija los requisitos esenciales y encomienda a los organismos europeos de normalización la tarea de concretarlos técnicamente. De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de IA, se presume que los sistemas de IA de alto riesgo conformes con normas armonizadas cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial cumplen los requisitos esenciales que dichas normas cubren. Formalmente, su observancia es voluntaria; en la práctica, apartarse de ellas obliga a acreditar el cumplimiento por otras vías, con el consiguiente coste y riesgo. A ello se suma que el texto de la norma no se publica, sino que debe adquirirse a través de los organismos nacionales de normalización; en el caso de España, UNE. 

Cabe preguntarse, en este punto, por qué la norma procede del CEN y del Cenelec y no de la ISO, como ocurría con los métodos de medición del tabaco. La razón es jurídica: solo las organizaciones europeas de normalización pueden recibir peticiones de normalización de la Comisión, y solo la norma europea adoptada a raíz de una de esas peticiones es una «norma armonizada». La Comisión fija los requisitos y objetivos de la petición de normalización, supervisa su cumplimiento y decide sobre la publicación de la referencia; los organismos de normalización elaboran el texto técnico. La ISO queda fuera de este circuito, aunque ambos mundos no están desconectados: los acuerdos de Viena (ISO–CEN) y de Fráncfort (IEC–Cenelec) permiten que normas internacionales se adopten como normas europeas. 

Esta práctica ha sido criticada por buena parte de la doctrina bajo la expresión «privatización del Derecho»: entidades de carácter privado, con procedimientos poco abiertos al público y un modelo económico basado en la venta de sus textos, acaban definiendo el contenido real de obligaciones legales. 

Philip Morris: la cuestión que quedó sin resolver 

En la sentencia de 4 de mayo de 2016 (asunto C-547/14, Philip Morris Brands y otros), el Tribunal de Justicia confirmó la validez de la Directiva 2014/40/UE de productos del tabaco frente a los reproches de la industria. Resulta llamativo, no obstante, que la cuestión que aquí nos interesa quedara sin respuesta: las tabaqueras preguntaron si la remisión a métodos de medición elaborados por órganos externos vulneraba la seguridad jurídica, pero el Tribunal declaró inadmisible la pregunta. 

El debate sobre la exigibilidad de las normas técnicas no publicadas tendría que esperar, por tanto, seis años más. 

Stichting Rookpreventie Jeugd: publicación y oponibilidad 

En la sentencia de la Gran Sala de 22 de febrero de 2022 (asunto C-160/20, Stichting Rookpreventie Jeugd y otros), el Tribunal de Justicia abordó directamente la remisión de la Directiva a las normas ISO. En esta ocasión, el litigio no fue promovido por la industria, sino por una fundación para la prevención del tabaquismo juvenil y otras catorce entidades. 

La respuesta del Tribunal se centró en dos cuestiones. Por un lado, respecto de la validez de la remisión, el Tribunal consideró que el legislador de la Unión puede remitirse a normas técnicas de un organismo como la ISO, siempre que la remisión sea clara, precisa y de efectos previsibles. Dado que la Directiva sí se publicó en el Diario Oficial, el hecho de que las normas ISO no lo estén no desvirtúa su validez. Por otro, introdujo la idea de una oponibilidad limitada: en virtud del principio de seguridad jurídica, las normas declaradas obligatorias por un acto legislativo de la Unión solo son oponibles a los particulares en general si han sido publicadas en el Diario Oficial. Los fabricantes e importadores afectados, en cambio, quedan vinculados en la medida en que hayan tenido acceso a la versión oficial y auténtica a través de los organismos nacionales de normalización. 

El resultado revela una asimetría: unas normas técnicas pueden vincular a los operadores del sector que han tenido acceso a ellas y, sin embargo, no ser oponibles a los particulares en general. La falta de publicación no invalida la remisión legislativa, pero sí limita sus efectos frente a terceros. Conviene subrayar, además, que Rookpreventie no exige que las normas sean gratuitas, sino que se publiquen para poder oponerlas a todos. El paso hacia el acceso libre lo darían Malamud y, de forma explícita, la sentencia Stichting II de 2026. 

James Elliott y Malamud: el acceso a las normas armonizadas 

Paralelamente, y fuera del sector del tabaco, el Tribunal había sentado ya en 2016 la premisa de la que parte la jurisprudencia sobre acceso. En la sentencia de 27 de octubre de 2016 (asunto C-613/14, James Elliott Construction), declaró que una norma armonizada cuyas referencias se publican en el Diario Oficial forma parte del Derecho de la Unión, debido a sus efectos jurídicos. Sobre esa base, en la sentencia de la Gran Sala de 5 de marzo de 2024 (asunto C-588/21 P, Public.Resource.Org y Right to Know), conocida como el caso Malamud, dio la razón a dos organizaciones sin ánimo de lucro que habían solicitado a la Comisión el acceso a cuatro normas armonizadas, tres de ellas sobre seguridad de los juguetes. El Tribunal razonó que la presunción de conformidad convierte a estas normas en un instrumento esencial y que el Estado de Derecho exige que todas las personas puedan conocer sin ambigüedad sus derechos y obligaciones. Por ello, concluyó que su divulgación reviste un interés público superior y anuló la denegación de la Comisión, sin que ello, sin embargo, pueda presentarse como una orden general de publicación íntegra de todas las normas armonizadas en el Diario Oficial ni como una eliminación de sus posibles derechos de autor. 

Stichting II: del acceso al libre acceso 

La sentencia de 21 de abril de 2026 (asunto C-155/24, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit y otros), conocida como Stichting II, dictada en el mismo litigio que Rookpreventie, cierra el ciclo abierto en el sector del tabaco. El tribunal neerlandés de apelación preguntó si las normas ISO son oponibles a particulares que, como la fundación, pudieron consultarlas en el organismo nacional de normalización o adquirirlas a cambio de un precio. 

El Tribunal declaró que quienes han tenido acceso a la versión oficial de esas normas no pueden invocar su falta de publicación, pero precisó que el principio del Estado de Derecho del artículo 2 TUE exige que el acceso a normas internacionales incorporadas obligatoriamente al Derecho de la Unión sea general, efectivo, gratuito y no discriminatorio (apartado 38). Añadió que el interés público superior en su divulgación debe prevalecer sobre los eventuales derechos de propiedad intelectual (apartado 39) y que corresponde a la Unión asumir los costes de garantizar dicho acceso (apartado 40). 

La oponibilidad pasa así a depender de un acceso libre y gratuito, lo que cuestiona en su raíz el modelo de venta de las normas a través de los organismos nacionales. 

¿Qué implica esta jurisprudencia para la EN 18286? 

La EN 18286 no reproduce exactamente el problema de las normas ISO del tabaco. Su aplicación es voluntaria y su función consiste en facilitar la acreditación del cumplimiento mediante una presunción de conformidad, limitada a los requisitos u obligaciones que cubre. Por ello, la enseñanza de Rookpreventie no puede trasladarse sin más: la oponibilidad de una norma técnica obligatoria y el acceso a una norma armonizada son cuestiones relacionadas, pero distintas. 

En cuanto al acceso, Malamud permite solicitar a la Comisión el acceso a la EN 18286 si esta obra en su poder, y Stichting II va más allá: formula una exigencia estructural de libre acceso, cuyo coste corresponde a la Unión. Es cierto que esa exigencia se predica de normas declaradas obligatorias, y la EN 18286 opera mediante una presunción de conformidad, por lo que su traslación no es automática. Pero el Tribunal construye esa doctrina a partir de lo ya afirmado para las normas armonizadas en Malamud (apartado 33), y su fundamento —el Estado de Derecho y el derecho de los interesados a comprobar el cumplimiento— es plenamente aplicable a los sistemas de IA de alto riesgo. No implica que el texto deba publicarse íntegramente en el Diario Oficial, pero sí impide tratar su acceso como una cuestión meramente comercial. 

La norma plantea, además, una cuestión interpretativa sobre el alcance de la presunción de conformidad. El artículo 40, apartado 1, del Reglamento de IA remite, en lo que aquí interesa, a los requisitos de la sección 2 del capítulo III, mientras que el sistema de gestión de la calidad del artículo 17 se regula en la sección 3. Esta diferencia obliga a precisar el fundamento y el alcance de la presunción respecto de las obligaciones de gestión de la calidad. Es una cuestión que merece un análisis específico y que no debe confundirse con el problema del acceso al texto. 

Del Tribunal al legislador: la propuesta de nuevo Reglamento de normalización 

La respuesta no ha tardado en llegar desde el legislador. El 6 de octubre de 2026, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento sobre normalización europea que derogaría el Reglamento (UE) n.º 1025/2012 y que cita expresamente James Elliott, Malamud y la sentencia de abril de 2026. Su artículo 5 obligaría a las organizaciones europeas de normalización a ofrecer un acceso en línea, libre y gratuito, a las normas cuyas referencias se publiquen en el Diario Oficial, en formato legible, buscable e imprimible, sin registro previo ni suscripción, y también una vez retirada su referencia. Ese acceso se extendería a las normas ya referenciadas con arreglo al Reglamento de 2012, por lo que alcanzaría a la EN 18286. 

La propuesta, sin embargo, no publica las normas en el Diario Oficial: la Comisión descartó esa opción, a la que se opusieron los organismos de normalización por amenazar su modelo de ingresos. Además, el acceso se concede sin perjuicio de los derechos de autor y podrá limitarse a las partes necesarias para cumplir la legislación. Se trata, en todo caso, de una propuesta, cuyo texto final dependerá de la negociación entre el Parlamento Europeo y el Consejo. 

Conclusión 

La EN 18286 llega en un contexto jurisprudencial muy distinto al de hace una década. El Tribunal de Justicia ha admitido que el legislador se remita a normas técnicas elaboradas por organismos privados, pero también ha precisado las garantías que deben acompañar a sus efectos jurídicos. Validez, oponibilidad y acceso no son cuestiones intercambiables: una remisión puede ser válida y, sin embargo, la falta de publicación limitar su oponibilidad; del mismo modo, el carácter voluntario de una norma armonizada no elimina el interés público en su divulgación. Y, desde abril de 2026, el Tribunal ha concretado qué acceso es exigible: general, efectivo, gratuito y no discriminatorio. Si la propuesta de la Comisión prospera, ese acceso dejará de depender de solicitudes individuales para convertirse en una obligación legal. 

En el ámbito de la IA, conocer los criterios técnicos que permiten acreditar el cumplimiento no interesa únicamente a los proveedores. También permite su examen por investigadores, organizaciones de la sociedad civil y personas afectadas. A mi juicio, garantizar ese acceso constituye una garantía esencial frente a la denunciada privatización del Derecho: si las normas técnicas contribuyen a concretar las obligaciones legales, su contenido no debería quedar fuera del escrutinio público. 

Autora:  Dra. María Luisa Mena Durán 

Profesora adjunta Derecho Civil Universidad CEU Cardenal Herrera 

Profesora Derecho digital e IA Esade Law School (Universitat Ramon Llull) 

Advisory Board Member of The Technolawgist 

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